Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3.

El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Se hizo un llamamiento a los Estados Miembros para que destacaran la conmemoración del Día, y así fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información o al transporte).

Tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a las personas discapacitadas.

Hoy queremos dar visibilidad también a las mujeres y niñas con discapacidad que representan cerca del 60% de todas las personas con discapacidad en España, y en todo el mundo son más de 60 millones de personas.

Si a las tradicionales barreras con las que se enfrentan las personas con discapacidad sumamos el ser mujer, los resultados son alarmantes, pues ambos factores (género y discapacidad) se traducen en una doble discriminación que, a veces, se convierte en múltiple cuando actúan otras variables que aumentan la vulnerabilidad de este colectivo. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres con discapacidad que habitan en zonas rurales, donde la falta de recursos adaptados a sus necesidades contribuye a su aislamiento no sólo físico, sino también psicológico. Situación que sin duda se agrava para las mujeres con discapacidad intelectual, pues su escasa formación, unida a las dificultades de expresión, agudiza su incomprensión y adaptación al entorno, siendo en muchos casos víctimas de abusos o violencia de todo tipo y, especialmente, de género (no olvidemos que las mujeres y niñas con discapacidad tienen entre dos y cinco veces más probabilidades de estar expuestas a la violencia que las demás mujeres y niñas y que, además, tienen más dificultades para denunciarla).

La visibilidad de la situación de la mujer con discapacidad y la inclusión de un enfoque transversal de género en las medidas destinadas a mejorarla, evitaría la discriminación directa o indirecta y generaría un valor añadido, al incluir la diversidad como un elemento indispensable de convivencia.

 

En España, las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble desigualdad a la hora de acceder y participar en el mercado laboral: por una parte, la provocada por la discapacidad y, por otra parte, la provocada por la cuestión del género. El efecto de ambas desigualdades limita su contribución plena a la generación de las rentas del trabajo y supone un importante coste de oportunidad para el desarrollo económico del país.
 


En concreto, según el último informe del clúster ClosinGap -que analiza la brecha de género en la discapacidad y ha sido elaborado por Grupo Social ONCE en colaboración con Afi e ILUNION-, la mayor inclusión de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral supondría un incremento de casi 7.300 millones de euros en el PIB español (el equivalente al 0,6% del PIB de 2019). Esta cifra representa el 40% de los 18.800 millones de euros (el 1,5% del PIB) que sumaría la economía española cada año de producirse una mayor inclusión laboral de las personas con discapacidad en general.
 

 

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